LA MINERÍA NECESITA RESPALDO POLÍTICO

Vivir en democracia significa en gran medida someternos a la política. Los que toman decisiones, los que nos gobiernan son los líderes, los militantes y los que de una u otra manera se "anotaron" en la carrera de los partidos políticos y accedieron a gobernarnos porque nosotros los elegimos. Así es la democracia representativa y con palabras parecidas así lo establece el artículo 38º de nuestra Constitución Nacional.

 

Frecuentemente los que nos formamos en disciplinas científicas o tecnológicas tenemos dificultades para congeniar nuestros puntos de vista con los de los políticos porque ellos tienen una vocación particular para manejar "verdades" cuya validez depende del humor circunstancial de la gente y de sus reacciones ante ciertos estímulos.

 

Por ejemplo, varias veces le escuchamos decir a Jorge Asis que un político debe enamorar a los votantes para ganar una elección. Y la seducción incluye un lenguaje agradable, con expresiones de deseo y promesas que no se corresponden con verdades científicas o con parámetros que puedan medirse con precisión.

 

A nosotros ni se nos ocurriría cambiar el teorema de Pitágoras. Fue, es y será siempre el mismo. En cambio, una verdad política de hoy se puede cambiar mañana por otra. Y eso no quiere decir que no sean serios sino que responden a una realidad que es cambiante.

 

Esta afiebrada, o tal vez alienada, introducción es para llamar la atención sobre la pérdida de respaldo político sufrida por la minería argentina desde el principio del siglo XXI hasta la actualidad.

 

La construcción del respaldo político (Mining Press, 03/12/15)

 

Una vez recuperada la democracia y de la misma manera que se crearon otras mesas interprovinciales destinadas a discutir políticas desde una óptica federal, en 1984 se constituyó formalmente el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) con un representante de cada Provincia y uno por la Nación.

 

Poco a poco, el COFEMIN se fue transformando en un ámbito que recibía toda clase de iniciativas e inquietudes del sector minero argentino y por eso llegó a organizar y liderar importantes reuniones destinadas a la discusión de la política minera del país y a elaborar propuestas al respecto.

 

Cuando se produjo el recambio presidencial de 1989, el COFEMIN ya era un actor importante para todas las provincias y con muchos vínculos políticos, empresariales, gremiales, profesionales y también afectivos que fueron importantes para acercar y congeniar posiciones e ideas diferentes.

 

La reforma del Estado hecha en 1990 disolvió la Secretaría de Minería de la Nación, y la primera prioridad fue trabajar para recuperar esa Secretaría, cosa que se consiguió en 1992. Desde esa fecha, el COFEMIN tuvo su casa en Buenos Aires (el Salón Federal de la Secretaría) y fue el ámbito de discusión y de consenso de todas las decisiones políticas relacionadas con la minería.

 

También hay que decir que tuvimos líderes políticos que estuvieron a la altura de las circunstancias, que supieron armar equipos profesionales multidisciplinarios y asumieron el compromiso de continuar con el trabajo y con los propósitos del COFEMIN, ejerciendo una eficaz coordinación.

 

Dado que los recursos minerales son de propiedad provincial, la única forma de diagramar una política minera adecuada a la realidad del país y que se pudiera aplicar en forma homogénea

consistía en lograr el consenso de todas las Provincias, como así también invitar a participar a todas las partes interesadas (cámaras empresarias, agrupaciones profesionales, gremios, etc.) para obtener la mayor cantidad de información y el panorama mas amplio posible para discutir y tomar decisiones.

 

Por eso, el punto de partida fue la firma del Acuerdo Federal Minero, gestado en el seno del Consejo Federal de Minería, y firmado por los Gobernadores de las 23 Provincias y el Presidente de la República, el 6 de mayo de 1993.

 

A partir de ese entonces, todo tema que tuviera que ver con la actividad minera en cualquier parte del país era llevado y considerado en esa "mesa política" del "salón federal" de Julio A. Roca 651. Desde las Provincias llegaban ministros, subsecretarios, directores o asesores, todos con algún tipo de influencia política en sus respectivos territorios, y a la vez eran invitados a participar empresarios, gremialistas, profesionales de diferentes especialidades, políticos, consultores, etc.

 

En ese ámbito, y con la aludida participación de diferentes sectores de la sociedad, se elaboraron los proyectos que después se transformaron en leyes, como por ejemplo la Ley 24.196 de Inversiones Mineras que fue aprobada por unanimidad de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Pocas veces en nuestra historia se ha logrado ese "consenso total" para instrumentar una política.

 

De la misma manera y en el mismo año se sancionaron las Leyes 24.224 de Reordenamiento Minero y la Ley 24.228 de Ratificación del Acuerdo Federal Minero, poniéndose de manifiesto la eficacia del trabajo previo hacia adentro y hacia afuera del COFEMIN. Pero esas acciones no se limitaron solo al sector minero sino que abarcaron otros ámbitos ampliando su influencia política.

 

La creciente importancia de los temas medio ambientales, llevada a nivel de la Constitución Nacional a partir de 1994, provocó la lógica necesidad de elaborar normas de protección ambiental a las que deberían adecuarse los nuevos proyectos de inversión. Para liderar y coordinar esas acciones se creó la Unidad de Gestión Ambiental Minera (UGAM) en la Secretaría de Minería y se aprovechó la estructura funcional del COFEMIN para que participen activamente funcionarios y profesionales de las áreas ambientales de todas las Provincias como así también de la Nación.

 

En ese contexto se elaboró el proyecto que el Congreso Nacional sancionó en 1995 como Ley Nº 24.585 de Protección Ambiental en la Minería que incluía el común acuerdo de incorporarla como una nueva Sección al Código de Minería. Y el mismo grupo del COFEMIN siguió trabajando para acordar la elaboración de un reglamento de esa Ley que se terminó de redactar un año después y fue entregado a cada Provincia con el Nombre de Normas Complementarias para la Implementación de la Ley Nº 24.585.

 

Paralelamente, y con la participación de especialistas en la materia, se habían consensuado las reformas a introducir en el antiguo Código de Minería y se elaboró el texto que en el mismo año el Congreso Nacional sancionó como Ley Nº 24.498 de Actualización Minera.

 

Como ya se dijo, las autoridades nacionales lideraron y coordinaron todo ese movimiento político que consiguió diseñar una política minera de largo plazo, desprovista de un tinte partidario y para beneficio del país. Pero no fue esa la única labor cumplida desde el Gobierno Nacional. Con fondos de la Nación y con financiación del Banco Mundial se implementó el Programa de Asistencia al Sector Minero Argentino (PASMA) destinado a fortalecer las estructuras, las capacidades y el funcionamiento de los organismos y las autoridades de aplicación de todas las Provincias y de la Nación. Si bien las necesidades de cada Provincia eran diferentes, todas recibieron asistencia consistente en construcciones o mejoras en sus edificios y mobiliario, vehículos e instrumental de campo y laboratorio para el cumplimiento de sus funciones,

levantamiento de información de campo para nuevas bases cartográficas, equipamiento y armado del Catastro Minero, como así también de otras aplicaciones informáticas, y capacitación para sus profesionales y técnicos.

 

Las acciones desarrolladas y la cantidad de gente de distintas extracciones y niveles involucradas en ellas tuvo un impacto muy positivo en la vida y en los ámbitos políticos nacionales y provinciales. El respaldo político logrado fue extraordinario. Por eso, no hubo problemas en gestionar y conseguir la sanción de Leyes de Adhesión a la política minera nacional en poco tiempo y en las 23 jurisdicciones provinciales.

 

La nueva política tuvo éxito. Desde los niveles insignificantes de inversión anteriores, a partir de 1993 las inversiones en exploración aumentaron significativamente, ubicándose en un promedio siempre superior a los 100 millones de dólares por año.

 

Nunca antes se había invertido tanto dinero en exploración minera en la Argentina. Y como consecuencia de esa exploración se incrementaron exponencialmente las reservas de varias materias primas minerales. Por ejemplo, en 1993 las reservas de cobre sumaban unos 8 millones de toneladas de metal contenido y la exploración realizada en los últimos veinticinco años las incrementaron hasta 80 millones de toneladas.

 

La inversión en construcción de establecimientos productivos ya superó los 20.000 millones de dólares para poner en producción 15 nuevos establecimientos mineros, ubicados en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz.

 

Como consecuencia de las inversiones realizadas, el valor de la producción minera, que en 1993 rondaba los 500 millones de dólares se multiplicó por diez, con un pico de 7.000 millones de dólares en 2011 y 2012. Coincidentemente con esos picos, las

exportaciones alcanzaron un récord de mas de 5.000 millones de dólares, con un importante ingreso neto de divisas al país.

 

Las fuentes de trabajo se multiplicaron. En 1993 la minería empleaba a menos de 15.000 personas y actualmente, entre empleos directos e indirectos, hay mas de 100.000 familias que viven con un sueldo de la minería.

 

La pérdida del espacio político ganado

 

A partir del año 2003 se sumaron dos circunstancias negativas para la actividad minera.

 

La primera fue el inicio de una feroz campaña antiminera que comenzó en Esquel y enseguida se propagó con llamativa facilidad a todo el terrritorio nacional. Los lemas, las consignas y los manuales con explicaciones sobre los daños que traería aparejada la minería metalífera, fueron llevadas por activistas a todo el país con el objetivo expreso de "concientizar" a la población sobre los riesgos de la actividad para el medio ambiente y para las actividades económicas preexistentes.

 

La segunda fue la desaparición del respaldo político conseguido anteriormente por el sector minero. Las autoridades nacionales eligieron aprovechar la inercia de la política heredada, con los indicadores de producción y exportaciones en aumento utilizados para su lucimiento pero vaciaron de contenido político al COFEMIN y a los grupos y sectores que confluían en ese ámbito.

 

Si al menos se hubiera preservado el respaldo alcanzado y si se hubieran mantenido las actividades y actitudes de los actores propios y cercanos al COFEMIN posiblemente se hubiera conseguido neutralizar una buena parte de la campaña antiminera. En cambio, cada provincia fue abandonada y condenada a su propia suerte.

Por eso, las respuestas políticas de los Gobiernos Provinciales fueron tan diferentes entre unas y otras originándose una división entre los que no otorgaron entidad a los argumentos ecologistas y continuaron aplicando la misma política minera, y otros que hicieron propios esos argumentos y comenzaron a poner trabas e impedimentos concretos a la inversión en minería metalífera.

 

Las que frenaron e impidieron la inversión minera fueron Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y Tucumán. Las que continuaron con la política minera nacional y aportaron significativamente al crecimiento minero del país fueron Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz..

 

Para colmo, las autoridades nacionales tomaron medidas para aumentar la recaudación sin darles ninguna participación a las Provincias, como ocurrió con la implementación de los gravámenes a las exportaciones (retenciones). Si en ese momento, aprovechando el buen precio internacional de los commodities, se hubiera planteado modificar el tope de las regalías y fijarlo, por ejemplo en 4% de la facturación, las Provincias hubieran tenido el aliciente de recaudar el doble de lo que hasta ese momento estaba establecido (3% sobre valor boca mina significa mas o menos 2%) y las respuestas políticas podrían haber sido mas positivas.

 

Y por si eso fuera poco, las mayorías legislativas pertenecientes al mismo partido político del Gobierno (incluida su Secretaría de Minería) sancionaron una Ley de Preservación de Glaciares hecha a propósito para frenar las inversiones mineras de la Cordillera. Es decir que, en lugar de respaldar al funcionario de su propio Gobierno, los legisladores le dieron la espalda.

 

Así llegamos al 2015 con una antiminería mas fortalecida que nunca. Y lo ocurrido hasta el 2019 no cambió para nada el panorama negativo porque si bien hubo una iniciativa para formular un nuevo Pacto Federal Minero, como un intento de recuperar el terreno político perdido, a mitad de camino cambiaron de funcionarios y de objetivos pero hasta el día de hoy no sabemos qué quisieron hacer.

 

En definitiva, a fin de 2019, el sector seguía sin tener respaldo político. Los legisladores nacionales carecían de "bajadas de línea" o de información que les permitiera siquiera defender al sector minero. Y en muchas provincias el panorama era igual. Desde los ámbitos oficiales del Medio Ambiente y desde los educativos se hizo costumbre señalar a la minería como un "problema" para el ambiente. Todo esto tiene por origen el "divorcio" entre la minería y la política, y mientras no se advierta lo negativo de esa situación los problemas se van a seguir presentando.

 

Y al hablar de problemas también tenemos que tener presente que donde vimos manifestaciones callejeras festejando las "luchas épicas" contra los proyectos mineros, los pobres siguen siendo pobres y los desocupados siguen sin trabajo, una deuda social que hasta ahora no se ha solucionado.

 

El mal ejemplo de Mendoza (Diario Memo, 05/01/20)

 

En forma coincidente en el tiempo con el período analizado, durante 14 años la "concientización" de los ecologistas en Mendoza pasó libremente y sin oposición por escuelas, colegios, uniones vecinales, clubes, cámaras empresarias, iglesias y medios de comunicación. Para ello, de una u otra manera, contaron con la colaboración de actores políticos (legisladores y funcionarios), lideres sociales y de cierta parte del empresariado tradicional de la provincia, para fomentar la reacción de la gente en contra de la minería.

 

En esos 14 años, lo que al principio pudo ser una oposición generada por la desconfianza y el temor hacia una actividad desconocida, se fue transformando en una ideología basada en un miedo creciente, hasta llegar al convencimiento de que hay que luchar por esa ideología en la que el enemigo a vencer es la minería porque nos va a dejar sin agua y con toda la provincia

contaminada. En sintonía con esa ideología, en el año 2007, la Legislatura sancionó la Ley Nº 7.722, que se erigió como un verdadero símbolo de la antiminería local, destinada a impedir cualquier emprendimiento metalífero. Con gran cinismo, los mismos actores que lideraron esa larga campaña salieron a decir que "acá no hay licencia social".

 

Durante esos años, incluyendo el 2019, los funcionarios del Gobierno (incluyendo al propio Subsecretario de Minería Emilio Guiñazú y al Secretario de Ambiente Humberto Mingorance) en todo momento ratificaron el estricto respeto por la legislación vigente y en particular por la Ley Nº7.722.

 

En el corto lapso de unos cuatro meses, los principales candidatos a gobernador anunciaron que estaban dispuestos a desarrollar una minería sustentable pero ninguno propuso derogar la ley 7.722. Se llevaron a cabo las elecciones y una vez designado y puesto en funciones el nuevo Gobernador, en forma casi inmediata, el 20 de diciembre, la misma Legislatura que durante 14 años se encargó de cultivar la antiminería y de premiar noticias falsas sobre accidentes mineros, sancionó y promulgó la Ley Nº 9.209 modificando la esencia misma de la Ley Nº 7.722, que estaba hecha a propósito para impedir la minería.

 

Tal como era de esperar, los grupos antimineros salieron y se instalaron en la calle realizando numerosas y ruidosas manifestaciones diarias, no exentas de algunos desmanes y amenazas, exigiendo volver a la ley 7.722.

 

Dejando de lado a los activistas irracionales que se sienten realizados liderando protestas, la reacción de la mayoría de los manifestantes puede considerarse lógica y honesta, porque, desde el punto de vista político y social, durante 14 años se estuvo "sembrando" y cultivando el miedo a la minería en la población y estas concentraciones callejeras de los últimos días son simplemente la "cosecha" obtenida después de tan prolongada siembra. Además, si durante tanto tiempo les prometieron no tocar esa ley es lógico que se hayan sentido defraudados.

 

Finalmente, el 28 de diciembre, previo anuncio del Gobernador Suárez, y ante la continuidad de las manifestaciones, la misma Legislatura que había sancionado la Ley Nº 9.209 sancionó su derogación y la vuelta a la antiminera Nº 7.722.

 

Aunque el ejemplo sea malo para los mineros es un buen ejemplo de la manera como funciona la política.

 

De cara al futuro

 

El 2020 nos trajo a funcionarios de una Provincia que ha aprovechado la minería para su desarrollo y pretende hacer lo mismo desde el Gobierno Nacional. No deja de ser un comienzo auspicioso, esperanzador.

 

Si bien la pandemia nos "congeló" a todos por un tiempo, el nuevo Secretario de Minería ha logrado que los establecimientos productivos se pongan de nuevo en marcha. Ante críticas de otros sectores ha dicho que el Presidente Fernández quiere hacer minería y ha anunciado que presentará un programa de desarrollo haciendo una consideración "proyecto por proyecto". Sin embargo no ha hecho mención a ninguna forma de lograr una mayor proyección política del sector.

 

A nuestro juicio, el ámbito político sigue siendo favorable a la antiminería. La "concientización" realizada por el ecologismo, sutilmente introducida en las escuelas y en circulos sociales y gremiales, y la consecuente reacción contraria de parte de pobladores a los proyectos mineros ya lleva muchos años de expansión y ha adquirido tal magnitud que se erige como el principal problema político y social que debe resolver el sector. Los potenciales inversores advierten que

la "cancha está embarrada" y el problema no se va a resolver con esfuerzos aislados, medidas coyunturales o imposiciones autoritarias.

 

Aunque esto parezca una interpretación sobredimensionada del problema, creemos que el sector minero debe diseñar una estrategia adecuada y eficaz para recuperar el espacio político perdido en forma gradual. Para ello habrá que tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos a considerar, tratando de incrementar poco a poco el número y la procedencia de actores de la política y de otros sectores de la sociedad que se sienten en una misma mesa para aportar y discutir ideas para que la minería sea aceptada definitivamente como parte del desarrollo sustentable de la Argentina.

 

Para llevar a la práctica esta idea se necesita una sólida base institucional y política, conocimientos adecuados e ideas claras, y una gran amplitud de criterio y paciencia para recibir, discutir y procesar todas las opiniones que aporten los diferentes sectores de la sociedad. Eso fue lo que se hizo tres décadas atrás en la mesa del COFEMIN para diseñar, en aquel momento, una política consensuada con todos los sectores involucrados y para aplicarla en forma homogénea, con éxito, en cualquier punto del país.

 

Hoy, con un nuevo escenario, deberían recrearse las mismas condiciones que tuvo el COFEMIN de esa época con la finalidad de lograr consensos y establecer líneas de acción a largo plazo aceptables y eficaces para ir superando poco a poco la falta de respaldo político que nos afecta.

 

Asi como surgió la fantástica idea de armar esta Red de Académicos, en el país hay otros grupos y mucha gente dispersa que comparte nuestra línea de pensamiento y que puede y quiere sumar su aporte o integrar equipos para lograr que la minería avance y haga avanzar al país. Estamos dispuestos a colaborar pero es necesario que se abra un espacio para la confluencia de todos y de todas las iniciativas. El espacio político ideal (institucional no partidario) para ello es el Consejo Federal de Minería y debe ser necesariamente liderado y motorizado por la Secretaría de Minería de la Nación.

 

Eddy Lavandaio